La Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, recoge los principios rectores de la actividad administrativa y los derechos del ciudadano.  También constituye un complemento importantísimo a otros instrumentos legales, como son la Ley General de la Administración Pública, y la Ley Reguladora de lo Contencioso Administrativo, mediante los cuáles establecen una serie de principios en los que se debe basar la actuación de la Administración Pública, como son: racionalidad, proporcionalidad, reglas claras y objetivas, cooperación dentro de la institución y entre instituciones, presunción de buena fe, transparencia, legalidad, publicidad y eficiencia administrativa, a fin de eliminar omisiones, abusos y excesos de requisitos y trámites que han venido afectando al administrado en su relación con la Administración. 

A continuación se presenta una guía de los principios que contiene esta ley:

• Esta ley la deben cumplir todos los Ministerios, Municipalidades, Instituciones del Estado, sus funcionarios y los ciudadanos en general. (Artículo 1º)
• La información que ya ha sido presentada no podrá ser requerida de nuevo para ese mismo trámite u otro en una misma institución.  Salvo los documentos legales que vencen, entre ellos las personerías jurídicas. (Artículo 2º)
• Ninguna institución o funcionario público podrá solicitarle información que una o varias de las mismas oficinas emitan o posean. (Artículo 2º)
• Ninguna institución podrá cuestionar ni revisar los permisos o las autorizaciones firmes emitidas  por otras entidades, salvo que se de alguna nulidad en dicho trámite. La institución únicamente podrá solicitar copia certificada de la resolución final de un determinado trámite.  (Artículo 3º)
• Todo requisito solicitado debe ir de acuerdo a lo establecido por ley y fundamentarse estrictamente en ella. Además, deben estar publicados en el Diario Oficial La Gaceta, junto con los instructivos, manuales, formularios y demás documentos correspondientes.
• No se le podrá solicitar al ciudadano ningún requisito que no esté publicado. (Artículo 4º)
• La lista de todos  los requisitos debe estar ubicada en un lugar visible dentro de la institución. Asimismo, se debe publicar en un diario de circulación nacional un aviso referido a la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Además , todo funcionario público e institución tiene la obligación de informar sobre el trámite y requisitos de su dependencia y el artículo de la norma legal que sustenta el trámite o requisito. (Artículo 5º)
• Todo funcionario público e institución tienen la obligación de informar sobre los trámites y requisitos que se realicen y no pueden exigirle se presente personalmente, salvo si la ley los señale. (Artículo 5º)
• Todo trámite tiene un plazo establecido legal o reglamentariamente y por lo tanto la institución tiene que resolver dentro de ese  plazo.
• Si no está explícito se toma los de la Ley General de la Administración Pública.  (Artículo 6º)
• La institución debe verificar que los requisitos e información presentada estén correctos, y podrá realizarle observaciones por una única vez y por escrito, señalándole que debe completar o aclarar, y el ciudadano tiene la obligación de corregirla en un plazo de 10 días. (Artículo 6º)
• Cuando a la institución se le haya vencido el plazo de resolución otorgado para algún trámite sobre otorgamiento de permisos, licencias o autorizaciones, sin que ésta se haya pronunciado, y siempre que el ciudadano haya presentado todos los requisitos solicitados completos, tal como la ley o el reglamento lo indican, entra a operar el silencio positivo; salvo que una ley señale que no opera el silencio positivo, o en los casos que la Sala IV se ha pronunciado. (Artículo 7º)
• Es la aprobación automática del trámite de autorización, aprobación, o permiso que se da cuando habiendo presentado completos todos los requisitos no se conteste en el plazo de ley. (Artículo 7º)
• Todo ciudadano tiene dos opciones para aplicar el silencio positivo:

a) Presentar una nota a la institución donde conste que la solicitud fue presentada en forma completa y que ésta no la resolvió en tiempo. La institución deberá emitir, al día hábil siguiente, una nota que declare que, efectivamente, el plazo transcurrió y la solicitud no fue aprobada, por lo que aplicó el silencio positivo.
b) También puede acudir ante un notario público para que certifique, mediante acta notarial, que la solicitud fue presentada en forma completa y que la institución no la resolvió en tiempo. (Artículo 7º).

• Las entidades deben buscar los medios físicos y electrónicos que estén a su alcance para coordinar entre sí la obtención de la información, a fin de no solicitársela al administrado. (artículo 8).
• Además si más de una institución tiene competencia en un trámite, deberán coordinar para evitar duplicaciones y contradicciones y establecer un trámite único y compartido (artículo 9).
• Podrá interponer quejas o denuncias ante la institución correspondiente,   respecto a los servicios prestados y sobre las actuaciones de funcionarios en el ejercicio de sus funciones, cuando se estime que afecten directa o indirectamente y existe un incumplimiento de las disposiciones de la Ley y su reglamento.
• Asimismo, debe tener presente que le cabe responsabilidad a la Administración, a sus funcionarios,  por el incumplimiento de las disposiciones y principios contenidos en la Ley y su reglamento. En el caso del funcionario incumpla cada uno de los artículos se constituya falta grave. (articulo 10)

 

Esta ley esta reglamentada por el Decreto Ejecutivo Nº 32565 Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos Publicado en LG 166 del 30/08/2005